A inicios de la década de 1990, en un juicio privado, 30.000 ecuatorianos, entre indígenas y colonos provenientes de la Amazonía norte (provincias de Orellana y Sucumbios) demandaron por daño ambiental a la petrolera Chevron-Texaco. Los firmantes se organizan en la “Asamblea de Afectados por Texaco”, que a su vez está representada en el Frente de Defensa de la Amazonía.
El Frente de Defensa de la Amazonia (FDA): es una organización social, sin fines de lucro, constituida en mayo de 1994, está conformada por veinte organizaciones y comunidades de base, unidas para la defensa y lucha de los derechos humanos y ambientales de la Región Amazónica Ecuatoriana, bajo el principio del fortalecimiento de las capacidades locales desde la gente y para la gente.
Los dirigentes están obligados a entregar toda la información, procurar la capacitación y el cumplimiento de los mandatos que les son entregados. La constancia de este grupo, que aporta con recursos humanos y económicos es la que sostiene al juicio más largo de la historia. Esta demanda colectiva no busca beneficios particulares, sino la reparación del daño causado (480.000 hectáreas contaminadas).
UDAPT:
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de la Petrolera Texaco: nuestra instancia de representacion y toma de decisiones
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de la Petrolera Texaco es un organismo que agrupa a las comunidades y organizaciones afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, cuyo funcionamiento está normado por un Reglamento. Su objetivo fundamental es unir a los afectados y afectadas por las operaciones de Texaco en una estructura orgánica que les represente y permita la toma de decisiones en asuntos trascendentales del proceso legal en contra de ChevronTexaco.
Su estructura orgánica es la siguiente:
a) Los afectados
b) La Asamblea de Delegados
c) El Comité Ejecutivo
d) El Coordinador
La historia de la lucha contra la Texaco no es labor de un solo equipo, sino de muchas organizaciones y personas que apoyaron la causa:
- Frente de Defensa de la Amazonía, organización social de derecho privado que agrupa y representa a los afectados colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
- La nacionalidad indígena Secoya representada por la Organización Indígena Secoya del Ecuador, OISE.
- La nacionalidad indígena Cofán representada por la Federación Indígena de la Nacionalidad indígena Cofán del Ecuador, FEINCE.
- La nacionalidad indígena Siona representada por la Federación de la Nacionalidad Siona del Ecuador.
- La nacionalidad indígena Huaorani representada por la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador.
Todas estas organizaciones están agrupadas en la Asamblea de Afectados por Texaco, que es una instancia de representación y de toma de decisiones sobre el desarrollo del proceso legal.
Sus objetivos son:
Objetivos:
a) Integrar a toda la población organizada de la Amazonia, con el fin de proteger y defender sus intereses integrales, así como sus recursos naturales renovables y no renovables.
b) Proponer y/o ejecutar alternativas adecuadas para el manejo sustentable de los recursos naturales de la Amazonia.
c) Participar en los procesos de discusión y elaboración de legislación, políticas o programas que busquen la protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable de la Amazonia.
d) Denunciar toda acción u omisión que atente contra el ambiente y los derechos de los pobladores de la Región Amazónica; y dar seguimiento a esas denuncias.
e) Realizar el monitoreo a las actividades productivas que pudieran afectar al ambiente, a través de la participación directa.
f) Velar para que los organismos públicos o privados, nacionales e internacionales que realicen cualquier actividad susceptible de afectar al ambiente en la Amazonia, incorporen en sus planes o programas de acción el principio de desarrollo sustentable y tecnología de punta.
g) Llevar adelante acciones legales contra quienes causen daños ecológicos, ambientales y sociales en la Región Amazónica, con el fin de obtener las correspondientes reparaciones o indemnizaciones, o que se sancione a los culpables según el caso.
h) Respaldar las acciones que realice cualquier organización social en favor del respeto al ambiente.
JUICIO
Historia del Juicio
El 3 de noviembre de 1993, 15 personas, entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y Kichwas de Orellana y Sucumbíos, mediante una “acción de clase”, presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (1964 hasta 1990). Organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, jóvenes, gremios y barrios, decidieron apoyar esta demanda y convocaron a más organizaciones sociales de la región para formar una coalición que apoye y sostenga este proceso que se iniciaba.
Luego de varias reuniones en las que participaron comunidades de colonos, nacionalidades indígenas, federaciones de organizaciones sociales y campesinas, organizaciones no gubernamentales, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, el 16 de mayo de 1994.
En ese año se iniciaron las primeras reuniones entre el gobierno y los afectados por Texaco, a fin de definir una propuesta para un acuerdo amistoso frente a la demanda presentada en Nueva York.
Con el fin de evadir la acción judicial en su contra, Texaco suscribió con el Estado ecuatoriano el Convenio de “reparación ambiental”, que entró en ejecución en 1996. Los trabajos realizados por Texaco fueron cuestionados por los demandantes y posteriormente por la Contraloría General del Estado (Organismo de Control del Ecuador, que tiene como obligación velar por el cumplimiento de los contratos que cualquier entidad suscribe con el Estado ecuatoriano).
Por presión de la petrolera, el 16 de agosto de 2002 la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió enviar el caso al Ecuador. Los demandantes de forma unánime decidieron seguir con la acción judicial y el 7 de mayo de 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Loja; el 21 de octubre de ese año miles de afectados se movilizaron a la ciudad de Nueva Loja para participar en la audiencia con el que se inició este juicio histórico, convirtiéndose este caso en el único en el mundo donde gente directamente afectada es capaz de someter a la justicia de su país a una poderosa compañía petrolera transnacional. Desde entonces, las comunidades están en permanente acción para vigilar el proceso judicial y tomar las decisiones trascendentales del caso.
Dentro del proceso judicial, los demandantes se preocuparon por probar, como en derecho se requiere, todas las acusaciones contra la petrolera. Gran parte de la prueba que reposa en el juicio fue producida y pagada por la misma empresa demandada. En el record o expediente, se acumularon más de 230.000 páginas de información, se receptaron más de 40 testimonios de personas afectadas por las operaciones de Texaco, se incorporaron 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados totalmente por Chevron; se produjeron más de 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas en el suelo, aguas o sedimentos; se entregaron a los jueces varios estudios de salud elaborados en forma independiente por expertos extranjeros. El juez inspeccionó y verificó directamente los daños causados en 54 sitios operados por la petrolera.
En conclusión, la prueba científica existente en el juicio es abrumadora y determina de manera contundente la culpabilidad de la petrolera en los daños ambientales provocados y los impactos sociales, culturales y económicos.
El 14 de febrero de 2011, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, emitió la primera sentencia en contra de Chevron Texaco. El veredicto fue en favor de los demandantes y se sentenció a la petrolera al pago de 9,5 millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.
Además el juez impuso una sanción punitiva que consistía en que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de 15 días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición, ahora la petrolera debe a los afectados más de 19 mil millones de dólares, monto que servirá además de lo dispuesto por el juez para implementar un plan para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza de vías donde se arrojó crudos y la implementación de un plan económico para los campesinos que tienen tierras afectadas por la contaminación.
Acción de clase es un figura dentro de la justicia norteamericana, referente a casos iniciados contra una compañía, cuyas acciones han dañado a mucha gente de una manera similar.
Cronología del caso
- Chevron utiliza aproximadamente 250 millones de dólares anuales para su defensa.
- Chevron emplea dos mil abogados y profesionales de más de 60 firmas legales.
Durante la operación de la petrolera norteamericana se contaminó la selva amazónica con:
- 16,8 millones de galones de petróleo regados en la selva.
- 18,5 millones de aguas tóxicas (agua de formación), arrojadas a los suelos, ríos, esteros y lagunas.
- 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre.
Sentencia:
La mayor parte de la sentencia está consagrada a identificar y analizar la vasta cantidad de datos científicos y otra evidencia de daños existentes
El 14 de febrero del 2011, después de aproximadamente ocho años de litigio en el Ecuador, el juez Nicolás Zambrano Lozada, presidente dela Corte Provincialde Justicia de Sucumbíos, dictó sentencia en la forma de un documento de 188 páginas. El Juez Zambrano encontró a Chevron responsable de aproximadamente 8,6 mil millones dólares en daños (principalmente para la remediación de suelos contaminados), también otorgó el diez por ciento de esa cantidad a la entidad que representa a los demandantes (por ministerio de la ley), y también otorgó una indemnización adicional por daños punitivos que ascienden a 100% de la base de la sentencia. Está última cifra Chevron podría evitar reconociendo públicamente su mala conducta como una forma de reparación moral.
La mayor parte de la sentencia está consagrada a identificar y analizar la vasta cantidad de datos científicos y otra evidencia de daños existentes en el expediente judicial que sobrepasa las 200.000 páginas. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes de la sentencia del juez Zambrano, incluyendo:
(1) la valoración dela Cortede la responsabilidad de Chevron por la contaminación del ambiente de la antigua zona dela ConcesiónNapoy los efectos que se derivan de ellos,
(2) las observaciones dela Corteacerca de la mala conducta procesal de Chevron a lo largo del juicio, (3) el análisis dela Cortede la defensa legal de Chevron sobre su responsabilidad. El manejo dela Cortede las alegaciones de ambas partes acerca de fraude y manipulación.
Casación
Es un recurso extraordinario que tiene por objetivo o parcialmente, una sentencia, que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido los requerimientos, es decir, no analiza el fondo de la demanda inicial. Su fallo le corresponde a la Corte Nacional de Justicia.
Este recurso fue solicitado por Texaco-Chevron. El pedido fue ingresado ante la Corte Provincial de Sucumbíos, que es donde se tramité el juicio y se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia. Los magistrados dieron paso a la petición de la compañía y el caso pasó a la instancia superior (Corte Nacional de Justicia).
Una vez admitido el caso fue sorteado entre los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil donde se nombraron a los tres jueces que analizaron y dieron paso al trámite del recurso. A la par, la Corte otorgó 5 días hábiles para que nosotros como demandamos, presentemos la respuesta a casación. El escrito fue ingresado dentro del plazo establecido.
